En los últimos años, la ciudad de València ha experimentado un crecimiento significativo en el número de pisos turísticos, lo que ha generado debates sobre su impacto en el mercado inmobiliario y la calidad de vida de los residentes. En respuesta, las autoridades locales han implementado una normativa más estricta en 2025 para regular este tipo de alojamientos.
Límites a la proliferación de pisos turísticos
La nueva normativa establece que solo el 2% de las viviendas en cada barrio pueden destinarse a alojamientos turísticos. Además, se ha impuesto un tope del 8% en la proporción de plazas turísticas en relación con el número de vecinos empadronados en cada distrito y barrio. Esto implica que, si en una zona determinada la cantidad de plazas turísticas supera este porcentaje, no se otorgarán nuevas licencias para pisos turísticos ni hoteles.
Restricciones en edificios residenciales
Para preservar la convivencia en las comunidades de vecinos, la normativa prohíbe que los pisos turísticos se ubiquen en plantas superiores a las de uso residencial. Es decir, estos alojamientos deben situarse en bajos o primeras plantas con acceso independiente. Además, si la comunidad de propietarios lo refleja en sus estatutos, puede vetar la instalación de pisos turísticos en el edificio.
Requisitos para la inscripción de viviendas turísticas
Los propietarios que deseen destinar su vivienda al alquiler turístico deben cumplir con ciertos requisitos:
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Informe de compatibilidad urbanística: Es necesario obtener un informe municipal que certifique la compatibilidad del uso turístico con el planeamiento urbanístico vigente.
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Referencia catastral única: La vivienda debe contar con una referencia catastral individualizada que se incluirá en el contrato de alquiler.
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Duración del alquiler: El alquiler turístico se define como aquel que no supera los 10 días consecutivos a un mismo arrendatario.
Sanciones por incumplimiento
Para garantizar el cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento de València ha establecido un régimen sancionador con multas que oscilan entre 10.000 y 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Estas sanciones buscan disuadir la oferta ilegal de alojamientos turísticos y proteger el derecho a la vivienda de los residentes.
Reacciones y perspectivas
La Federación Vecinal de València ha respaldado la nueva regulación, destacando su potencial para mejorar la convivencia y el acceso a la vivienda. Sin embargo, han enfatizado la necesidad de cerrar los pisos turísticos ilegales que aún operan en la ciudad.
Por otro lado, algunos sectores del turismo han expresado preocupación por el impacto económico de estas restricciones. No obstante, las autoridades locales defienden que la normativa busca un equilibrio entre el desarrollo turístico y la calidad de vida de los ciudadanos.
En conclusión, la normativa de 2025 sobre pisos turísticos en València representa un esfuerzo por regular el mercado de alojamientos temporales, buscando proteger a los residentes y garantizar un turismo sostenible en la ciudad.
